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This subject was introduced here by rabs when he posted the arrival of 1,000 soldiers in the area. Apparently they have begun construction of new, permanent quarters with space for each branch of the Bolivian military, with plans to house 1,600, if I understand it correctly. This is from Bolivia's La Prensa:Un grupo de vecinos de San Ignacio de Velasco protestó contra la presencia militar
Evo afianza base militar en Santa Cruz y ordena evitar separatismo
El Gobierno minimizó la protesta de un grupo de unionistas que se presentó en el acto. Combatirá las amenazas económicas, sociales y de seguridad del Estado boliviano.
El presidente Evo Morales consolidó ayer el Comando Conjunto del Plata en el municipio de San Ignacio de Velasco (Santa Cruz) y ordenó a las Fuerzas Armadas (FFAA) evitar el “descuartizamiento” de Bolivia. Autoridades cruceñas aseguran que con el desplazamiento de más de un millar de militares el 23 de abril, al menos un 40 por ciento del total de uniformados que tiene el país está en ese departamento.
Un grupo de unionistas y cívicos de esa región se apostó fuera del estadio 21 de Julio de ese gobierno municipal, donde se desarrolló el acto, para demandar obras en lugar de presencia militar. Estas personas prendieron fuego al pasto seco y, según ANF, quemaron llantas y troncos. El hecho fue minimizado por el Gobierno.
El Comando Conjunto del Plata fue creado el 14 octubre de 2008, en la gestión el ex comandante de las Fuerzas Armadas general Luis Trigo.
El presidente Morales colocó ayer, en el barrio San Francisco, la piedra fundamental para la construcción de la infraestructura de esa base militar que albergará al Estado Mayor de las fuerzas Aérea y Naval y el Ejército. Morales también entregó un cheque por 1,8 millones de bolivianos para la edificación de la obra, recursos que provienen de Venezuela.
El Mandatario aseguró que los militares tienen la obligación de sentar soberanía en todas las fronteras y afirmó que a partir de la constitución del Comando Conjunto del Plata, la entidad castrense asegurará la cohesión de Bolivia. “Si los comandantes no garantizan la unidad del territorio nacional, no habrá motivo de existencia de las Fuerzas Armadas”.
El 16 de abril, la Policía desarticuló un presunto grupo terrorista en Santa Cruz. En ese operativo fueron abatidos Eduardo Rózsa Flores (boliviano-croata-húngaro), Magyarosi Árpád (húngaro-rumano) y Micheal Dwyer (irlandés). En esa misma intervención fueron detenidos Mario Francisco Tádic Astorga (boliviano) y Elöd Tóasó (húngaro-rumano), quienes guardan detención en el penal de San Pedro.
Según el Gobierno, ese grupo tenía listo un plan de magnicidio contra Evo Morales.
Posteriormente, se divulgó una entrevista en la que Rózsa, presunto cabecilla de esa organización, aseguró que fue contratado para defender a Santa Cruz e incluso buscar su separación.
El Jefe de Estado puso énfasis en que “no importa que maten a Evo Morales, ustedes (militares) no pueden permitir el descuartizamiento del territorio nacional, no pueden permitir ninguna división y las Fuerzas Armadas van a defender la unidad del territorio nacional”.
El comandante de las Fuerzas Armadas, almirante José Luis Cabas, aseguró que el Comando Conjunto del Plata tiene la misión de mantener la unidad de Bolivia y aplacar “las amenazas del terrorismo capaces de obstaculizar el correcto funcionamiento de las instituciones”. “Es para que todos los pueblos estén bajo ese paraguas que es el rojo, amarillo y verde”.
La base militar también tiene la misión de luchar contra el contrabando de alimentos e hidrocarburos y el tráfico de drogas y precursores. Además combatirá la delincuencia y ayudará en las tareas de seguridad ciudadana.
Morales consideró que quienes se molesten con la presencia de las Fuerzas Armadas o son contrabandistas o narcotraficantes o divisionistas.
Consultado sobre si los brotes de terrorismo ya fueron controlados en el país, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, aseguró que si bien la Policía trabajó efectivamente en su desarticulación, no se puede decir que se haya llegado al 100 por ciento, por lo que los organismos del inteligencia del Estado continúan trabajando en ello.
Las reacciones
Mientras Morales asentaba la presencia de las Fuerzas Armadas, un grupo de personas se concentró en el lugar del acto para protestar contra el Mandatario y la presencia de militares.
Los manifestantes, según El Deber, reventaron petardos y vitorearon la autonomía y Santa Cruz. ATB reportó que el grupo de unionistas y cívicos pidió a Morales ocuparse de las carreteras.
El gobernante también entregó a los militares 15 camiones, 25 motos, 500 mosquiteros, diez rollos de malla milimétrica y 500 dólares para mejorar la infraestructura de la Octava División del Ejército, acantonada en esa población de la chiquitania cruceña.
San Miguel minimizó las protestas y dijo que se trata de una “minoría de minoría” que se quedó sin programa político luego de que las autonomías fueran incorporadas en la Constitución. La acusó de defender a los terratenientes.
Según El Deber, aún con el argumento que dio el presidente Morales sobre el papel que desempeñará el Comando Conjunto del Plata , el jefe de gabinete de la Prefectura de Santa Cruz, Luis Alberto Alpire, calificó como un acto de amedrentamiento a esa región. “Es una acción para atemorizar a un pueblo que no está dispuesto a vivir bajo un gobierno represor”.
El director de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, aseguró que la presencia militar en la zona es tardía, pues el narcotráfico, el tráfico de armas y el contrabando son hechos de los que ya se tiene pleno conocimiento.
Dijo que el Ejecutivo, más que atacar a los males que aquejan a la nación, lo que pretende es amedrentar al pueblo cruceño con la presencia de más militares.
El Deber aseguró que al menos 1.600 militares fueron desplazados a Santa Cruz el 23 de abril para reforzar la frontera.
Dabdoub dijo con la llegada de esos uniformados, de acuerdo con declaraciones de militares y ex oficiales, cerca del 40 por ciento del total de las Fuerzas Armadas (integrada por al menos 22.000 efectivos) se encontrarían en ese departamento.
El ex oficial y experto militar Gary Prado Salmón explicó que al menos un tercio del total de militares del país se encuentra en Santa Cruz, lo cual es normal si se toma en cuenta la extensión del territorio de ese departamento.
El diputado Ronald Moreno (Podemos) dijo que el Gobierno, con el pretexto de terrorismo en Santa Cruz, busca minimizar al departamento y convertirlo en “otro Pando” para generar temor y evitar críticas hacia las autoridades por temor a sufrir represalias.
El coronel José Ágreda Mendívil, comandante del Comando Conjunto del Plata, explicó que su base militar permitirá servir de nexo entre el nivel estratégico, que corresponde al Comando de las Fuerzas Armadas, y el nivel táctico, de las unidades de combate.
El Comando Conjunto también tiene la misión de formar a soldados en tácticas militares y dar capacitación técnica.
Para cumplir una labor efectiva, la autoridad pidió al Jefe de Estado la dotación de un radar para el control del espacio aéreo, así como medios aéreos y terrestres para incursionar en lugares donde se detecte criminales.
Gobierno dice que Human Rights no tiene licencia de funcionamiento
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, informó ayer que la Fundación Human Rights Bolivia (HRF) no tiene licencia para operar en el país y explicó que dicha entidad comenzó a funcionar en esta gestión de Gobierno.
La Fiscalía de La Paz investiga al presidente de esa organización, Hugo Achá Melgar, quien se encuentra en Estados Unidos, por su presunta relación con el grupo terrorista desarticulado el 16 de abril en la ciudad de Santa Cruz, al que habría financiado.
El mandatario Evo Morales amenazó con echar a la HRF y a sus representantes si es que se comprueba que esa entidad tuvo que ver con ese grupo irregular.
Sin embargo, Llorenti dijo ayer que “averiguadas las cosas, resulta que esta fundación no tiene registro en el país (...) no tiene permiso de funcionamiento por las instancias llamadas por ley”.
En un comunicado, Human Rights negó vínculos con actividades terroristas y acusó al Gobierno de tender cortinas de humo. Criticó al presidente Morales por descalificar “a los defensores de los derechos humanos en Bolivia”.
Llorenti aseguró que los informes de esa organización “son panfletos ideologizados y nada tienen que ver con la defensa de los derechos humanos”. Sostuvo que el Gobierno esperaba que Achá Melgar se defienda de las acusaciones en su contra.
La autoridad recordó que en el referéndum por estatutos autonómicos, realizado en Santa Cruz el 4 de mayo del pasado año, la Fundación Human Rights fue la única que aceptó actuar como observadora de ese proceso, llevado a cabo al margen de la Constitución Política del Estado.
“No es casual que esté involucrada esta fundación, no es casual que hayan participado como ‘observadores’ en ese referéndum separatista e inconstitucional, estas cosas están obviamente vinculadas”.
Además, informó que uno de los directores de la fundación, y que en meses pasados envió una carta al presidente Evo Morales, es el cubano Armando Balladares, quien fue policía de la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba y, tras el triunfo de la Revolución Cubana, formó parte de grupos violentos contrarrevolucionarios. “De estos personajes estamos hablando cuando hablamos de Human Rights Fundation”.
Declaración del testigo clave aún no tiene fecha
La juez Décimo de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, aún no definió si asume o no el caso terrorismo, y mientras no lo haga, queda en suspenso la declaración del principal testigo de la Fiscalía, Ignacio Villa Paz, apodado el “Viejo”, al igual que el tratamiento de la excepción por incompetencia planteada por la defensa del sospechoso Elöd Tóasó.
La juez Siles, a quien llegó este caso, luego de que el Ministerio Público recusara al juez Noveno de Instrucción en lo Penal, Róger Sarmiento, definirá hoy si se excusa para remitirlo al siguiente juzgado, que sería el Primero, o si lo acepta.
Si decide llevar adelante el proceso, la autoridad judicial notificaría a las partes para que se dé apertura a las pruebas, es decir, se verifiquen los datos de las computadoras halladas en poder de los presuntos terroristas. Además se prevé recibir la declaración del “Viejo”, miembro del presunto grupo de terroristas y testigo clave de la Fiscalía. Se tiene pendiente también la resolución del recurso presentado por los acusados para que el caso se ventile en Santa Cruz.
El 16 de abril, Mario Francisco Tádic Astorga (boliviano) y Elöd Tóasó (húngaro) fueron detenidos en el operativo realizado en Santa Cruz, con el cual se habría desbaratado una presunta célula terrorista. En el acto murieron Eduardo Rózsa Flores (boliviano-húngaro-crota), Magyarosi Árpád (rumano-croata) y Micheal Dwyer (irlandés).
La juez Siles también tiene a su cargo el caso de presunta corrupción en el contrato Catler-Uniservice con YPFB.
Recusaciones
La primera recusación presentada por la defensa de de Tádic fue contra la juez Séptimo de Instrucción en lo Penal, Betty Yañíquez, quien en la madrugada del 18 de abril ordenó su detención preventiva y de Tóasó en la cárcel de San Pedro.
El jueves 30 de abril, la defensa de Tóasó presentó un nuevo recurso por incompetencia contra el juez Octavo de Instrucción en lo Penal, Róger Valverde, designado para atender el caso.
Ante la excepción, la suplente de dicha autoridad, la juez Julia Parra, remitió los obrados al siguiente juzgado, el Noveno, a cargo de Rolando Sarmiento, quien recibió los legajos e instaló la audiencia de medidas cautelares pendiente contra los últimos detenidos, Juan Carlos Gueder Bruno y Alcides Mendoza Malavi. Sin embargo, la audiencia fue suspendida porque el Ministerio Público recusó a ese juez, de manera que el caso pasó al juzgado de Siles.
Las medidas cautelares para los unionistas se llevaron adelante el sábado. El juez Sexto de Instrucción en lo Penal, Álvaro Melgarejo, determinó darles detención domiciliaria y arraigo, por cooperar con la Fiscalía. Ellos partirán entres las 09.00 y 10.00 de hoy a Santa Cruz.
La abogada de Tóasó, Claudia Abasto, espera “que se resuelva la excepción de incompetencia, que es lo más importante”, la que deberá ser definida por la autoridad judicial que asuma el caso dentro de las primeras 24 horas. Fuera de ello, Abasto no descartó asumir otras medidas.
Mañana retoman declaraciones
El investigador del caso terrorismo, mayor Jhonny Aguilera, informó que desde mañana la Fiscalía reanudará la toma de declaraciones de las personas que están citadas, entre las cuales mencionó a representantes de varias entidades, como los de la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas) y la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz), además de los miembros de la empresa de seguridad que, cuando se realizó el operativo, trabajaba en ésta.
Con el testimonio de estas personas, la Fiscalía tratará de determinar cómo y a través de quiénes el grupo de supuestos terroristas llegó a instalarse en un stand de la feria cruceña y logró introducir las armas que fueron incautadas durante el operativo.
Asimismo, el representante del Ministerio Público, Marcelo Soza, informó la pasada semana que dejó citaciones para que declaren en La Paz los dirigentes de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), cuya institución se vio involucrada al aparecer en una fotografía donde se ve a los sospechosos armados un letrero con el nombre de esta institución.
También se espera que comparezcan, en calidad de testigos, ejecutivos y personal administrativo de los hoteles Asturias, Santa Cruz, Buganvillas y Las Américas, en los que se habrían hospedado los presuntos mercenarios.
Finalmente, Soza informó que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pretende plantear al Gobierno de Hungría un exhorto suplicatorio para que el periodista magiar Andras Keppes, quien entrevistó a Eduardo Rózsa Flores (boliviano-húngaro-croata) antes de que llegara a Bolivia,responda a un cuestionario.
Cardenal pide respetar dignidad
En su homilía de ayer, el cardenal Julio Terrazas fue bastante crítico con la manera en que las autoridades están llevando el caso de los acusados de estar vinculados con el supuesto grupo terrorista que fue abatido el 16 de abril en el hotel Las Américas de Santa Cruz.
En ese sentido, insistió en el pedido de que se respete la dignidad de las personas, expresado por la Asamblea de Obispos de Bolivia, realizada el 28 de abril en Cochabamba. “Los delitos pueden ser cometidos, pero la dignidad de la persona debe ser siempre respetada, sea quien sea, ése fue el estilo del Señor, no lo olvidemos los católicos. Nosotros no podemos ser de aquellos que aplauden con mucha facilidad cuando se denigra, cuando se ejecuta, cuando se hace el mal a cualquier persona, así sea la más pecadora”.
El discurso de Terrazas estuvo en el mismo tono en el que otros sectores de la Iglesia Católica se han expresado en los últimos días. Por ejemplo, en la 87 Asamblea de Obispos, los líderes religiosos denunciaron que en el país hay “desprecio a la normatividad institucional”, expresiones que la Conferencia Episcopal Boliviana repitió el jueves luego de que se dieran a conocer las imágenes de los ex unionistas Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza, maniatados, con los ojos vendados y la ropa desgarrada.
“Queremos una justicia que nos haga sentir a todos iguales”, agregó la autoridad eclesiástica.
Consultada sobre el tema, la defensora del Pueblo (en suplencia legal), Rielma Mencias, coincidió con el Cardenal en el respeto que debe haber a la dignidad de las personas. Comentó que en los arrestos de los sospechosos hubo atropellos a los derechos humanos. “Creo que en el afán de precautelar la seguridad del Estado se han cometido excesos que deben ser corregidos”, opinó Mencias y señaló que el jueves envió cartas al Fiscal General de la República y al Comandante General de la Policía , haciéndoles notar que las acciones que realicen tienen que estar sujetas a normativas internacionales y que estén dentro de la Constitución.
Ceremonia
El Presidente colocó la piedra fundamental de las obras del Comando Conjunto del Plata.
El objetivo es que los soldados puedan ayudar en tareas de salud y educación.
Morales dijo además que el Comando evitará el separatismo y frenará el terrorismo.
Otros datos
El Comando Conjunto del Plata se encuentra en San Ignacio de Velasco, en la chiquitania.
Está ubicado a 465 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz y a 120 de la frontera con Brasil.
La ceremonia contó con la presencia de 1.500 militares fuertemente armados.
Morales entregó 15 camiones de 14 toneladas de capacidad y 25 motocicletas.
También 500 mosquiteros y diez rollos de malla milimétrica para las viviendas militares.
Desfilaron uniformados, movimientos sociales, pueblos indígenas y campesinos.
No es la primera vez que miembros de la entidad castrense desfilan junto a civiles. From the article, a photo of Evo Morales bringing out the groundbreaking ceremony IN PERSON, in Chuquitania, Santa Cruz. http://www.laprensa.com.bo.nyud.net:8090/noticias/04-05-09/fotos/cuartel.jpgHe's got real courage going right in there in the flesh to deal with this, and good for President Morales. |
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